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Nota de prensa Deuda Subordinada

DEUDA SUBORDINADA: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS


Madrid, 21 de abril de 2014


La deuda subordinada y las participaciones preferentes son productos de inversión amparados legalmente, pero cuya comercialización y venta a clientes minoristas, la mayoría de avanzada edad, sin conocimientos ni experiencia financiera, sin una información completa y veraz, ha originado la pérdida de los ahorros de millones de familias en España. Como es sabido, la emisión estos productos se debió, única y exclusivamente a una necesidad perentoria de tesorería de las entidades bancarias, o en su caso las Cajas de ahorros, que ocultaron deliberadamente el alto riesgo de los productos contratados y la imposibilidad de recuperar el capital invertido disfrazándolo como una especie de depósito a plazo fijo con mayor rentabilidad.

Esta realidad no puede ser amparada por nuestro ordenamiento jurídico y es por esto que hacemos referencia a la Sentencia núm. 78/2014 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid el día 31 del marzo de 2014, por medio de la cual se declara la nulidad de la orden de adquisición de obligaciones subordinadas adquiridas por una mujer de 77 años de edad en el momento de su suscripción, y por la que se condena a la entidad BANKIA, S.A. a abonar la cantidad íntegra que formaba el capital invertido, que supuso una cantidad de 72.000 euros.

En la Sentencia se aprecia nulidad contractual por existencia de error en la prestación del consentimiento, error que conlleva la inexistencia de este requisito esencial para la validez del negocio jurídico, provocando su nulidad radical, y por tanto, la inexistencia del vínculo negocial, al amparo de lo establecido en el artículo 1261 y 1266.1 del Código Civil. Siguiendo su razonamiento, refiriéndose a Jurisprudencia del Tribunal Supremo así como diferentes Sentencias de Audiencias Provinciales, compara los efectos de la nulidad por error obstativo o invalidante frente a la mera anulabilidad provocada por el error como vicio del consentimiento y sus efectos, por cuanto ésta última no conlleva la inexistencia del negocio jurídico ni la restitución de las prestaciones que hayan llevado a cabo las partes. 

 

También entra a considerar el dolo como vicio del consentimiento, puesto que la entidad bancaria ostenta una posición superior frente al cliente minorista que carece de conocimientos para comprender los riesgos de la inversión, así, es la omisión de los deberes de información por parte de la entidad bancaria, como conducta pasiva pero finalmente engañosa, induce a contratar a quien no hubiera llegado a hacerlo si el otro contratante hubiera actuado con la debida diligencia y con la buena fe exigible en la contratación. 

Lo cierto es que nos encontramos ante una situación en la que la entidad Caja Madrid realizó una recomendación personalizada de suscripción de un producto financiero a una persona de avanzada edad, de inexperiencia financiera, que por sí sola no puedo conocer la existencia de estos productos, incumpliendo la normativa europea MiFID (traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 47/2007 de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley del Mercado de Valores), ya que no recabó la información necesaria sobre los conocimientos de su cliente en el ámbito de inversión ni tampoco sobre su situación financiera ni los objetivos que pretendía mediante esa inversión, con el único objeto de recomendar el más conveniente para la propia entidad abusando de la relación de confianza que mediaba entre las partes durante 40 años de fidelidad a su entidad.